Durante septiembre y diciembre del año pasado, 250 tintorerías tradicionales fueron multadas cada una por más de 50 mil pesos cada una por el Gobierno de la Ciudad y como consecuencia de ello, 70 pequeños comercios debieron cerrar sus puertas.La historia comienza en 2005, cuando Silvina Michetti, presidenta de la empresa "5 à sec" en Argentina, y hermana de la ex Vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, hizo lobby (como “cualquier empresaria”) para que se apruebe una ley que regule la actividad comercial de las tintorerías, que fue denunciada como monopólica.
Otro nombre que se repite, es el del abogado Carlos Diez que aparece en papeles del Gobierno de la Ciudad y en una carta a la Revista Desafío Económico, firmando como apoderado de la empresa.
“Fue una cacería”, describió el abogado defensor de muchas tintorerías, Luis Iraha, quien el 5 de mayo presentó un proyecto de modificación del artículo 36 de la ley 1727, cuyos autores, casualidades del destino, fueron los legisladores que responden políticamente a Michetti, Marcos Peña y Martín Borrelli (ambos a cargo de la actual campaña electoral de Gaby diputada), y que obliga a los tintoreros tradicionales a cambiar antes de 2015 su maquinaria por “la de tercera generación” que usa, importa y vende justamente "5 à sec". Cuestan no menos de 100 mil pesos.
La cadena "5 à sec", de origen francés, ya tiene 46 locales en la ciudad de Buenos Aires y planean abrir más. En marzo pasado difundieron un comunicado: “Esta ley es un paso adelante en la modernización del sector –dijeron respecto de la norma–. Cualquier persona que haya viajado sabe que los niveles internacionales se inclinan por este tipo de servicios y no por los de las viejas tintorerías que son más contaminantes. Ellos protestan porque en verdad se están quedando sin clientes, ya que no pueden competir con nuestros precios y servicios”.
En la esquina de Luzuriaga y Río Cuarto, en el barrio de Barracas, Adolfo tiene su Tintorería Superior, una de las pocas en no ser multada. Y no porque sea superior, admite el hombre, “sino porque queda a pocas cuadras del Riachuelo y en medio de un barrio pobre”. En los ’70, Adolfo y un grupo de 30 colegas iniciaron una “avanzada tecnológica” y compraron las máquinas que trabajan sobre la base de percloroetileno, como las de "5 à sec" ahora. “Eran otros tiempos, se trabajaba mucho y las máquinas nuevas no tenían malos resultados”, recuerda el anciano. La novedad duró tres años hasta que llegaron las pérdidas de solvente. Ahora, asegura, su historial médico tiene un metro treinta de alto: tuvo cuatro paros cardíacos y un trasplante de riñón, luego de que le extrajeran 30 cálculos. “Y mis hermanos se dedican a lo mismo, pero nunca cambiaron de maquinaria, ninguno tuvo problemas de salud, el único escracho soy yo.”
En la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la 24.051, el percloroetileno (perc) es considerado ecotóxico y requiere un máximo grado de seguridad en su manipulación. El investigador del Conicet Osvaldo Fridman no recomienda el uso de percloroetileno “en ningún tipo de prenda”.
¿Qué pasó con el resto de los colegas emprendendores del anciano Adolfo? “Tamayiro tiene Parkinson, Yacawa ataques al corazón y otros sufrieron problemas cerebrales”, recuerda Adolfo.
Al respecto, hubo un pedido de informe del diputado porteño de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, y la entonces legisladora kirchnerista, Beatriz Baltroc, aseguró que “era sabido” que Gabriela Michetti había presionado para aprobar la norma, al igual que su hermana y otros representantes de la empresa.
Ah, por cierto, un dato curioso: el apoderado de 5 à sec se llama Carlos Diez, igual que el mandatario judicial que en nombre del Gobierno de la Ciudad está persiguiendo a los tintoreros japoneses.
Los negocios privados de Gabriela Michetti, realizados desde la Legislatura porteña no son limpios. Ropa limpia, negocios sucios, tintoreros contaminados.
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